La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una denuncia penal contra siete trabajadores que cumplen tareas en la Dirección de Obras Viales por los destrozos que provocaron durante una protesta en esa repartición donde, además, amenazaron a autoridades y a otros empleados, según comunicó el Departamento Ejecutivo municipal (DEM).

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Con la firma del abogado del municipio, José Ignacio Ferrari, fueron denunciados "por atentar contra la libertad de trabajo, en concurso con los presuntos delitos de daños al erario público y amenazas agravadas, los empleados Edgardo Jiménez, Roberto Carrera, Oscar Martínez, Maximiliano Valenzuela, Oscar Ponce, Ricardo Santucho y Juan Antonio Rodríguez", indica el reporte oficial.

En la denuncia, se informa que el pasado 4 de marzo estas personas, "vinculadas con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) que conduce el dirigente Osvaldo 'Cacho' Acosta, encabezaron una protesta en la que ocuparon el ingreso a la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad, en avenida Mate de Luna 1.925, donde amenazaron a las autoridades y a otros trabajadores y ocasionaron daños a bienes del municipio".

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En el planteo judicial se detalló que "los denunciados quemaron cubiertas en la entrada de la repartición, impidiendo el ingreso y salida de máquinas y del personal que realiza tareas diarias en la ciudad".

Además, se los acusó de "haber arrojado bombas de estruendo en los pasillos y oficinas y de haber vandalizado elementos de seguridad, incluidas las cámaras de vigilancia instaladas en el edificio". También se informó que los denunciados "pincharon las ruedas de los camiones con los cuales la Dirección de Obras Viales realiza sus tareas diarias" y que "provocaron intencionalmente cortes en el suministro de energía, lo que ocasionó daños en computadoras, equipos de aire acondicionado y otros artefactos".

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También se notificó a las autoridades judiciales que "los siete empleados alcanzados por la denuncia profirieron amenazas sistemáticas a funcionarios y empleados de la repartición, especialmente sobre aquellos empleados que no ‘acataron’ la orden de paralización de actividades y posteriores reclamos desmedidos". Estas amenazas, según el planteo, "tuvieron como finalidad impedir que la Dirección de Obras Viales preste servicios a los vecinos". 

“Surge evidente la intención dolosa de perjudicar el normal desenvolvimiento de las tareas de la repartición y –por sobre todo-, ejercer coacción y violencia por sobre los empleados y funcionarios que decidieron libremente ejercer su derecho a trabajar y decidieron –bajo el ejercicio de sus prerrogativas- no plegarse a las asambleas y movilizaciones organizadas por los otros obreros”, señala la denuncia judicial.

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En el escrito presentado en los tribunales penales, el abogado de la Municipalidad adjuntó fotografías de la protesta y solicitó que sean identificadas otras personas que participaron de la misma.

Además, se requirió que se dicte una orden de restricción de acercamiento de los denunciados a un radio no menor de 300 metros de la sede de la Dirección de Obras Viales. También se solicitó a la Justicia que ordene a las personas alcanzadas por la demanda que “se abstengan de realizar actos intimidatorios o perturbatorios, de modo directo o indirecto, en contra de los demás empleados y funcionarios municipales”.

De acuerdo con los hechos descriptos en la demanda, la Municipalidad entiende que los denunciados "incurrieron en la presunta comisión de delitos contra la libertad del trabajo (artículo 158 del Código Penal), daños (artículo 183) y amenazas (artículo 149 del Código Penal)".